El 18 de octubre del 2020 marca el primer aniversario de la revuelta en Chile. En Chile, EE. UU. y más allá, nos encontramos en la intersección de una pandemia, una crisis económica y crecientes alzamientos contra la policía. En esta compleja situación, las demandas por la abolición de la policía surgen en un contexto en el que mucha gente piensa que solo una mayor intervención policial puede manejar este momento de crisis.

En Estados Unidos, al menos a nivel de las movilizaciones callejeras, el creciente deseo de abolir la policía ha eclipsado las preocupaciones sobre un nuevo paquete de estímulo o una moratoria a los desalojos. Parece que la revuelta de George Floyd ha producido una crisis política que eclipsa cualquier crisis potencial que un naciente movimiento de huelga de arrendatarios podría haber producido. Cada vez que pareciera que la revuelta amaina, otro video de un asesinato de manos de la policía se vuelve viral y estalla nuevamente la revuelta en una nueva zona cero: Minneapolis, Louisville, Atlanta, Kenosha, Rochester. Existe también una creciente procuración por la autodefensa comunitaria después de sufrir la violencia de los supremacistas blancos y la brutalidad de las fuerzas especiales federales. Sin embargo, en medio de estas nuevas preocupaciones, la actual crisis económica presenta otro terreno inestable para la vigilancia, el control y la represión estatales. Ofrecemos las siguientes reflexiones de este último año en Chile en un intento de responder a la pregunta central de los alzamientos globales del 2019: “¿Cómo podemos disputar el territorio de manera que este se vuelva ingobernable?”

En todo caso, este último año de revueltas en Chile nos ha mostrado el poder que tienen aquellos movimientos que no se canalizan hacia el paradigma de la protesta social como lo hicieron tantos movimientos del pasado. [^ 1] En el 2011 y 2012, los movimientos de ocupación de plazas en España y Grecia, Occupy Wall Street, y los movimientos estudiantiles Chilenos y de Montreal tenían como objetivo resolver la tensión entre los “manifestantes pacíficos” y los “agitadores externos” buscando justificar la acción directa ante una audiencia neutral y liberal. El vandalismo y los disturbios fueron enmarcados como “la voz de los sin voz”, los conflictos con la policía como la defensa de una zona de libre expresión. Las ONG y los “líderes comunitarios” designados por el gobierno a menudo tuvieron éxito en sus esfuerzos de contrainsurgencia, convenciendo al público en general de que la militancia en las calles está compuesta por elementos criminales o radicales que se aprovechan de las protestas sociales pacíficas. [^1]: Por paradigma de protesta social nos referimos a la organización de manifestaciones callejeras que se interpretan como la representación del “pueblo”, en el entendido de que están construyendo demandas para presentar a las instituciones de poder, hasta e incluyendo la disolución de estas instituciones en sí mismas. Cuando ocurren acciones militantes, se justifican como una intensificación de la presión sobre los funcionarios gubernamentales y las instituciones públicas para satisfacer las articuladas demandas sociales.

Por el contrario, los movimientos del 2019 en Hong Kong, Chile, y en otros lugares adoptaron el mantra “ser agua”, lo que precipitó enfrentamientos espontáneos con la policía cuando grupos se fusionan en multitudes solo para dispersarse y volver a agruparse nuevamente en otros lugares. En lugar de realizar protestas simbólicas en frente de las supuestas instituciones de poder, las movilizaciones callejeras atacaron estaciones de policía, oficinas, carreteras y la infraestructura material del poder. Surgió una nueva generación de vanguardistas (la primera línea) quienes aprendieron a bloquear calles y luchar contra la policía para remodelar fundamentalmente lo que es posible en las manifestaciones callejeras.

El último año de revuelta en Chile indica un enfoque de lucha que no busca resolver la tensión entre manifestantes “pacíficos” y “militantes” o de alborotador “bueno” versus “malo”. Más bien, busca resolver la tensión entre los movimientos en las calles y las diversas luchas fuera del ámbito de las movilizaciones callejeras. Al igual que otros alzamientos en el 2019-2020, la revuelta chilena no comenzó con una protesta social de reclamo, sino con el bloqueo de infraestructura. Evasión masiva, un movimiento contra el alza de las tarifas del metro en Santiago, rápidamente se convirtió en un alzantamiento nacional. En la noche del 18 de octubre del 2019, la evasión coordinada de tarifas del metro en todo Santiago estalló en disturbios después de que la policía cerró el metro y se difundieron rumores de que habían matado a un estudiante de secundaria. Para sofocar los disturbios, el gobierno envió a los militares a las calles y declaró toques de queda con vigilancia militar. Esto creó las condiciones para la violencia y la tortura policiales desenfrenadas, que solo avivaron las llamas. El alzamiento se extendió por todo el país.

Mientras continuaban las protestas en todo el país, en Santiago la gente se reunió espontáneamente en el punto central de tránsito de la cuidad, Plaza de la Dignidad (antes Plaza Italia) conformando allí las protestas más grandes del país. Como en Hong Kong, la primera línea de manifestantes, luchó contra la policía con escudos, resorteras y equipos de protección. Sin embargo, las batallas callejeras entre la primera línea y la policía en Plaza Dignidad fueron solo una parte de la más amplia revuelta a lo largo de Chile.

Los rebeldes chilenos se negaron a operar dentro del paradigma de la protesta social, expandiendo la lucha más allá de la movilización callejera y transformando los diversos terrenos que habitan. Los pueblos indígenas recuperaron tierras y bloquearon carreteras rurales; los vendedores ambulantes sin licencia establecieron nuevos mercados callejeros no autorizados; las familias pobres ocuparon tierras y construyeron comunidades urbanas ilegales; iniciativas de socorro no permitidas lucharon contra la vigilancia y el control del gobierno. El poder y la intensidad del alzamiento de octubre del 2019 radica en la heterogeneidad de las luchas en todo Chile, bajo el lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”. La diversidad de formas en que la gente cuestionó cómo se gobierna su vida mostró que la gente estaba en las calles porque la vida cotidiana se había vuelto miserable, alienante y denigrante. Las fuerzas que buscaban estabilizar la situación tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de que millones de personas ya estaban convencidas de que la única forma de comenzar una vida digna es no volver nunca a la situación normal. Incluso cuando el movimiento no pudo mantener un territorio y hacerlo fundamentalmente ingobernable, los participantes adquirieron un nuevo sentido de dignidad en las incesantes luchas en las calles.

El Ritmo de la Revuelta

“Supermercados y tiendas saqueadas, más estaciones de Metro y buses quemados. Barricadas por todo el centro de Santiago y en algunas de sus zonas periféricas y empobrecidas…

“Escena uno: cerca del Cerro Santa Lucía alrededor de un bus quemado. Desde la mañana las personas que ahí se reunieron danzan a su alrededor al ritmo de los golpes que le dan. Un bus, esa máquina dispuesta a la circulación de personas, ahora se resemantiza en un mantra que le devuelve por segundos a sus viandantes el dominio de su propio cuerpo. Se suben a la estructura quemada, saltan, le pegan, lo manejan sin destino porque no se mueve: es un giro contra la circulación de mercancías en las que nos hemos convertido. Un músico callejero de edad toca su arpa.

“Escena dos: en Plaza Italia, un lugar neurálgico del centro de Santiago desde la post-dictadura, los militares llegan. Los custodian los carabineros. La gente los increpa y le dicen que se vayan a cara descubierta. No les corresponde estar aquí. Los disturbios se propagan por toda la Alameda. Seis buses quemados hacia el sur. No falta quien diga que fueron dispuestos para que les prendieran fuego. ¿Acaso eso importa en este momento? Lo relevante es que se queman y no importa quién lo hizo.

“Escena tres: un supermercado saqueado en Cerrillos. Se toman artículos de primera necesidad. Se toman televisores, artículos varios, entre frazadas, pañales, uno que otro electrodoméstico. Algunos se devuelven a la barricada. Muchos se tiran a las barricadas. Se saca alcohol y se bebe; también se guarda para más tarde. La algarabía se contagia, hay cantos y bailes.”

-De Mejores Tiempos por Círculo de Comunistas Esotéricas

La revuelta chilena se ha caracterizado por una nueva comunidad nacida de la experiencia en las calles que rompió las antiguas categorías discursivas de delincuente criminal y manifestante pacífico, de agitador externo y ciudadano local. A partir de los toques de queda nocturnos, las personas se encontraban en las calles. Los vecinos mayores golpeaban ollas y sartenes junto a las barricadas en llamas que levantaban los jóvenes. Grupos de adolescentes se reunían en los pasillos oscuros de una tienda de comestibles saqueada. Esta nueva comunidad se ha comunicado al ritmo de la revuelta: la gente se reunía mientras bailaba en lo alto de autobuses urbanos quemados al ritmo que golpeaban en su marco de metal carbonizado. Se comunican a través de sonrisas, gestos y risas. Los únicos que percibieron la división entre militantes y pacifistas fueron las audiencias externas a esta emergente comunidad de rebelión, quienes no tenían la capacidad de comunicarse en estos nuevos lenguajes de ritmos y cuerpos.

Según el Círculo de Comunistas Esotéricos, el verdadero alzamiento estuvo destinado a la muerte el día en que se canalizó en protestas por una asamblea constitucional. Mientras todo el mundo estaba en las calles celebrando la suspensión de la normalidad, los autoproclamados líderes de la izquierda, y lo único que deseaba la oposición al gobierno era volver rápidamente a la normalidad. Los izquierdistas, académicos, periodistas y funcionarios públicos afirmaban que el resultado necesario de la revuelta era un referéndum constitucional. Los exlíderes del movimiento estudiantil chileno del 2011, ahora políticos, se apresuraron a interpretar la revuelta como una declaración sobre la enorme desigualdad de Chile, su sistema de salud privatizado o su inadecuado sistema de pensiones. Sembraron el temor de que los militares pudieran organizar un nuevo golpe si las protestas se intensificaban. Pretendían que la nueva comunidad en la calle preferiría limitar su participación a simplemente marcar una casilla en un referéndum. El 15 de noviembre, el gobierno y los líderes de la oposición firmaron un acuerdo para la celebración de un referéndum constitucional en el 2020, y muchos políticos de izquierda votaron a favor de la “ley anti-máscara (capucha), anti-saqueos y anti-barricadas” del gobierno. A pesar de todas las pruebas de lo contrario, creían que los participantes en el movimiento solo deseaban que unos pocos privilegiados obtuvieran nuevas posiciones políticas.

Disturbios en Víspera de Año Nuevo y otras Disturbio-Fiestas en Plaza Dignidad

Sin embargo, estos intentos de separar a la multitud en manifestantes pacíficos y delincuentes fracasaron. Un político de izquierda del movimiento estudiantil del 2011 que negoció el referéndum constitucional fue incluso expulsado de una protesta. La nueva comunidad de la revuelta continuó todos los viernes en la Plaza de la Dignidad, con todos los elementos reunidos en masa para la celebración de la víspera de Año Nuevo 2019.

“En los días próximos al Año Nuevo, hubo una lucha por el control entre la municipalidad, la policía y la gente. Las/los de la municipalidad querían despolitizar las celebraciones, mientras que la policía simplemente quería reprimirlas, ambas estrategias para evitar que el Año Nuevo llegara con tonos de valentía, combate y cuidado que ha marcado las reuniones en la Plaza de la Dignidad en los últimos tres meses. La Navidad y el verano habían interrumpido el ritmo de las protestas diarias, y el Año Nuevo no era viernes, por lo que era difícil predecir si la acción de esa noche superaría los límites o simplemente se sentiría rutinaria. Llegamos temprano, cuando todavía no había tanta gente, porque había una gran cena abierta en la plaza de la que queríamos participar “.

“He recibido elogios antes por salir con mi máscara de gas y botella de agua, incluso me ofrecieron latas de cerveza después de apagar rápidamente el gas lacrimógeno, pero en Año Nuevo, el entusiasmo estaba a otro nivel. Junto al comedor había un pequeño escenario, y en poco tiempo una banda de cumbia en vivo prendió a la multitud. Cuando llegamos a una de las intersecciones combativas, la primera línea había ya ganado una cuadra más allá de donde se mantenía normalmente, y la policía había retrocedido por una calle lateral, postrándose detrás de una valla. El guanaco (camión blindado con cañón de agua) lanzaba esporádicamente ráfagas de agua, pero nadie se inmutó. Era poco después del atardecer y el cielo dorado se reflejaba en el suelo cubierto de agua del guanaco, mientras encapuchados lanzaban piedras, fuegos artificiales y molotovs a la policía al otro lado de la valla. Caminamos un poco más y en el Parque Forestal nos topamos con una enorme variedad de bocadillos, siendo atendidos por una numerosa familia de aspecto normal. Con niños pequeños que brincan en sus regazos y el abuelo, un hombre guapo y mayor, vestido con un elegante polo con un suéter alrededor de sus hombros, nos ofrece vino y bocadillos. “Por favor”, insiste. Incluso hay pequeñas brochetas de verduras para veganos. Nos llega un rumor: hay otro concierto en lo alto de una cercana marquesina de teatro. ¡Es Ana Tijoux! Cruzamos la plaza entre multitudes de familias, de gente bebiendo cerveza, con coronas y brazaletes parpadeantes, todo es hermoso y reluciente. Incluso la estatua en el medio de la plaza está iluminada por vecinos de un edificio de apartamentos cercano. Tijoux terminó con un bis de “Cacerolazo”, el primer himno de la revuelta, que salió apenas tres días después de la primera noche de disturbios. Fuegos artificiales y bengalas llenaron el cielo nocturno. Una enorme pancarta se extendía por la plaza que decía: “Solo a través de la lucha podemos avanzar”. Todos parecían aferrarse a este momento, sin querer dejarlo terminar “.

-extracto de un informe anónimo sobre la víspera de Año Nuevo en Radio Evasión

Los funcionarios del gobierno y la izquierda institucional continuaron interpretando las festividades de la plaza como protestas por una nueva constitución. Sin embargo, quienes acudían a la plaza lo hacían para participar de los actos comunales, para ponerle un alto a la alienación de la vida cotidiana. Los que venían a cantar y bailar en la calle seguían celebrando la militancia de la primera línea. Más que una ideología política, la primera línea se definió como una experiencia de la protesta a la que cualquiera podía sumarse. No hay encuestas que demuestren la legitimidad de la primera línea a los ojos de la gente, pero las encuestas solo son necesarias para aquellos que necesitan convencer a la gente de su popularidad. Todos en Chile saben quiénes fueron los héroes de octubre; después de todo, la popularidad de Piñera no se reproduce en masa en camisetas y calcomanías. Los vendedores ambulantes vendían máscaras antigás, láseres y resorteras durante las protestas para que quienes quisieran pudieran participar en la primera línea. En los barrios que rodean la Plaza de la Dignidad, los residentes formaron asambleas, organizaron comidas para los manifestantes y trabajaron con las Brigadas de Salud para establecer clínicas de campo en su calle. Rescatistas compuestos por paramédicos, enfermera/os y médicos llevaron a los manifestantes heridos desde las primeras líneas a las clínicas de campo. El apoyo al movimiento se demostró en la asistencia material y los recursos que la gente proporcionó en las calles, en lugar de un respaldo declarado a cualquiera de las demandas atribuidas al movimiento.

Impugnando el Espacio Público

En el transcurso de meses de protestas no estructuradas en todas las ciudades chilenas, fuimos testigos de una transformación del espacio público que ningún movimiento social pudo haber jamás ganado como una demanda a las instituciones públicas. La revuelta tuvo un impacto más allá del espacio y el tiempo de las protestas callejeras, ya que los funcionarios estatales temían tomar medidas enérgicas contra el uso no regulado del espacio público por temor a provocar una mayor respuesta. A pesar de una nueva ley nacional que aumenta la pena por hacer grafiti, los centros de cada ciudad importante estaban inundados de arte callejero. Cuando los funcionarios mandaban a repintar las murallas de las ciudades en medio de la noche, esto simplemente proporcionaba una invitación para que la gente regresara al día siguiente y cubriera la ciudad con nuevo arte.

Las ciudades chilenas pertenecían al pueblo de la acera en esos meses de intervención policial suspendida. En la ciudad de Temuco, en el sur de Chile, los agricultores indígenas (hortalizeras) vendían sus productos en las aceras del centro. Cuando visitamos a las hortalizeras a principios del 2020, nos sentamos junto a nuestra amiga, Carlota, y su mesa plegable donde tenía a la venta lentejas, apio, acelgas y otras verduras de su granja. Nuestras conversaciones fueron interrumpidas constantemente por transeúntes que la saludaban y le preguntaban cómo estaba su granja y su familia antes de comprar sus productos. “Conozco a muchos de mis clientes desde hace años”, dijo, “Me he instalado en la misma acera todos los días y la mayoría de mis clientes vienen a mi mesa todos los días para comprar lo que necesitan”. Al final del día, las mujeres intercambiaban sus productos sobrantes para obtener frutas y verduras que no cultivan en sus granjas. Mientras doblaban sus mesas, se daba una segunda oleada de tráfico callejero ya que las hortalizeras regalaban sus productos no vendidos a los residentes de Temuco.

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El alcalde ha tratado repetidamente de desalojar a las hortalizeras. En septiembre del 2019, la policía antidisturbios con guanacos (tanques de agua) y contenedores de basura llegaron para cerrar el mercado callejero. La policía intentó multar y arrestar a las hortalizeras después de destruir sus verduras y mesas desplegables. Las mujeres contraatacaron y desarrestaron a muchas de sus compañeras vendedoras. Al final, solo el chorro del guanaco permitió a la policía desalojar el mercado y arrestar a once mujeres y niños.

Las hortalizeras han organizado un sindicato para coadministrar su mercado de alimentos en las aceras, para recaudar fondos para las once mujeres arrestadas en septiembre y para presentar un reclamo a través de la UNESCO de protección contra la municipalidad de la ciudad por motivos de derechos Indígenas - un arduo proceso legal que tomará años en dar resultados en cuanto a protección. Y, sin embargo, debido al alzamiento nacional un mes después de esa redada, las hortalizeras pudieron volver a vender en las calles sin temor a la intervención policial. El sentimiento generalizado contra la policía, las ruidosas protestas y la visibilidad pública impidieron que la municipalidad desalojara a las hortalizeras por temor a desencadenar enfrentamientos aún mayores en las calles.

Tomaterrenos en las Periferias Urbanas de Chile

Los terrenos baldíos pertenecían a los vecindarios más que al gobierno de la ciudad o a los grandes terratenientes. En medio de una crisis de vivienda en curso, las poblaciones [^ 2] han recuperado sus entornos locales para su propio uso en contra de los intereses de los funcionarios de la ciudad y los especuladores de terrenos. Para febrero del 2020, surgieron 48 ocupaciones de terrenos (tomaterrenos) ¹ alrededor de Temuco, donde 1500 personas habían comenzado a ocupar terrenos, construir casas y negociar con el gobierno nacional para nuevas viviendas de interés social. Los tomaterrenos contaron con el apoyo de vecinos cercanos que llevaron agua y comida a los ocupantes, les dejaron usar sus baños y ayudaron a construir cocinas y baños comunes en la toma. En respuesta a un intento de desalojo a una toma, estallaron protestas en todo Temuco cerca de las otras tomas en las que los vecinos levantaron barricadas y bloquearon carreteras.

La revuelta creó las condiciones para que las comunidades resolvieran sus problemas compartidos inmediatos en lugar de esperar a que los funcionarios del gobierno satisfagan sus necesidades. Lo que los funcionarios de la ciudad interpretan como una crisis de vivienda ha sido reformulado por los residentes como una crisis sobre su poder para decidir dónde pueden vivir y su capacidad para dar forma a sus entornos de vida. En febrero del 2020, visitamos varias tomas, incluida la toma que la policía había intentado desalojar. Era sábado día de construcción. Hablamos con Javi y su compañero Carlo, que se habían mudado a la toma con sus tres hijos desde la cercana casa de sus familiares. Carlo explicó que

“Cuando comenzaron las protestas en octubre, nos dimos cuenta de que teníamos la oportunidad de expandir nuestro vecindario al tomar el control de este espacio de terreno abandonado hace mucho tiempo, limpiarlo y construir las viviendas que necesitábamos desesperadamente. No queremos que el gobierno nos construya casas en algún otro vecindario lejano.”

Carlo dijo: “Queremos tener el poder de decidir qué sucede con el terreno en el vecindario en el que crecimos y donde queremos vivir cerca de nuestras familias”. Según Javi, la única preocupación del alcalde con el “saneamiento público” es si la ciudad parece moderna o no. Como resultado, al gobierno no le importa la actual crisis de saneamiento en las poblaciones, sino que solo se asegura de que sigan siendo invisibles. Anticipándose a futuros desalojos, los vecinos de la toma han confiado en que los grupos de la primera línea y de estudiantes les ayuden a bloquear y resistir las acciones represivas de la policía.

Resistencia Indígena

Surgieron o se solidificaron nuevas solidaridades donde existía división entre los Mapuche rurales y los Santiaguinos Urbanos, y estallaron nuevas revueltas urbanas en respuesta a la brutalidad policial contra las comunidades indígenas. Los aniversarios de asesinatos de jóvenes Mapuche por parte de la policía se han reflejado en algunas de las protestas más militantes en la plaza. El 3 de enero del 2020 marcó el 12º aniversario de la muerte de Matías Catrileo; la policía lo mató durante una acción de reclamación de tierras en territorio rural Mapuche. Ese día, luego de una procesión Mapuche hacia la plaza dignidad, los manifestantes corretearon a los policías que defendían el monumento al carabinero y la adyacente iglesia. Cientos de personas saquearon la iglesia y le prendieron fuego. Mientras tanto, parlantes portátiles emitían música punk y un círculo abarrotado rodeaba el destrozado monumento.

Quizás por primera vez en la historia de Chile, los símbolos indígenas dominaron las imágenes de las protestas en el centro de Santiago. Desde la década de 1990, las comunidades Mapuche iniciaron acciones directas contra los grandes terratenientes y las industrias extractivistas que asolan las tierras de su comunidad. En los últimos 30 años, el gobierno chileno ha incrementado la militarización de la vigilancia en territorios Mapuche, fortaleciendo las plantaciones madereras en tierras indígenas robadas. Durante toda la revuelta chilena, los manifestantes indígenas continuaron bloqueando las carreteras rurales y saboteando el equipo forestal. El impacto visual de las banderas Mapuche superando en número a las chilenas desafió la afirmación de que las protestas eran acerca de la precariedad económica individual de los manifestantes o la constitución chilena.

El Paradigma de la Protesta Social y la Pandemia

Dentro del paradigma de la protesta social, pareciera ser que siempre se debe resolver la tensión entre manifestante “pacífico” y “militante”. Sin embargo, esta tensión no se materializó en las experiencias que la gente compartió en las calles de Chile en el 2019 y 2020. Más bien, los espectadores externos proyectaron esta tensión en las calles como una estrategia para canalizar la revuelta en un “movimiento social” normativo y legible por reformas estructurales. Al no bifurcar las movilizaciones callejeras, promovieron la narrativa de que la revuelta chilena podría reducirse a la movilización callejera en curso, en lugar de reconocer los elementos heterogéneos de la nueva comunidad de rebelión que disputa el territorio.

La llegada de la pandemia del COVID-19 a Chile creó un terreno en el que se pudo construir la narrativa de que las movilizaciones callejeras tenían como objetivo presentar demandas sobre cómo las instituciones públicas deben abordar la pandemia y la crisis económica resultante. Al principio, el gobierno aplicó las medidas de cuarentena de forma gradual. Estas medidas no desmantelaron por sí mismas los movimientos. Más bien, la izquierda institucional, las organizaciones sociales y los sindicatos intentaron realizar acciones para exigir al gobierno que implemente “una cuarentena plena con dignidad” similar a las “5 demandas” en los EE.UU. Empleados de centros comerciales paralizaron sus labores y se declararon en huelga hasta que la ciudad cerró los centros comerciales. Cuando el brote de COVID comenzó a extenderse fuera de Santiago, los residentes de pueblos rurales e islas bloquearon a los camiones madereros y los transbordadores que transportaban a trabajadores de la industria salmonera para presionar al gobierno a que implementara zonas de cuarentena. El 15 de marzo del 2020, el gobierno declaró el estado de emergencia, anunciando medidas de cuarentena y un toque de queda militar a nivel nacional. Como la gente ya no podía ir a trabajar, los manifestantes exigieron ayuda económica del gobierno. Respondiendo a la pandemia de COVID a través del paradigma de la protesta social, haciendo demandas en lugar de atender directamente las necesidades, hizo que las instituciones públicas y los funcionarios de las municipalidades fueran nuevamente protagonistas de la gobernanza urbana.

Ya sea por miedo al COVID-19 o por la nueva vigilancia de las reuniones públicas para hacer cumplir la cuarentena, una masa crítica había abandonado la nueva comunidad en rebeldía, exigiendo en cambio nuevas políticas de las instituciones públicas y de los líderes las que no harían más que continuar las formas existentes de violencia estructural. Sin la amenaza de la revuelta, las instituciones públicas reforzaron su control sobre las áreas que habían estado en rebeldía.

En Temuco, las hortalizeras no pudieron obtener permisos para vender en la calle; ni siquiera pudieron ingresar a la ciudad debido a los puestos de control de cuarentena impuestos por los militares. Cuando terminó el encierro, regresaron a calles vacías a vender sus productos, pero sin la conmoción de la revuelta, la policía reanudó sus intentos de desalojo. Las tomaterrenos sufrieron un destino similar: mientras que las órdenes judiciales bloquearon nuevos intentos de desalojo, las municipalidades impidieron que las tomas se conectaran a los servicios públicos de la ciudad. Mientras los abogados y las ONG presionaron a los gobiernos municipales para obtener recursos, la policía impuso una cuarentena que impidió que los vecinos de las tomas trajeran suministros y apoyaran las ocupaciones. A pesar de éxitos en mantener las ocupaciones, la gente comenzó a dejar las tomas durante la pandemia porque no tenían los recursos y el apoyo para continuar. Para agosto, los involucrados en las tomas habían vuelto a alojarse en casa de familiares en viviendas hacinadas o durmiendo en las calles de Temuco.

A pesar de las restricciones a reunirse, la primera línea organizada de manera autónoma e informal siguió siendo el actor político más legítimo en todo el país. Los manifestantes de la Primera línea pasaron de los disturbios semanales en las calles a los esfuerzos autónomos de salud pública para apoyar a quienes tenían que correr el riesgo de contagio para ir a trabajar. El Estado ha tenido dificultades para reintegrar la fuerza autónoma de la primera línea en la lógica y la mecánica del poder político.

Una vez que el confinamiento hizo imposible que el movimiento transformara el entorno de vida, el estado buscó desafiar a la fuerza autónoma y rebelde dentro de la primera línea. Por un lado, la lógica estatal ha intentado cooptar a la primera línea en la campaña electoral de Apruebo, el bando a favor de una nueva constitución. Gustavo Gatica— a quien la policía cegó con proyectiles antidisturbios, un caso excepcional y ampliamente conocido en Chile—apareció recientemente en un anuncio de campaña que se parece mucho a la propaganda hecha para avivar las llamas durante la revuelta. Ahora, los videos dramáticos e íntimos, que muestran la evasión de tarifas (un crimen), grafiti callejeros y Matapacos (que su nombre se traduce en inglés como “cop killer”)— tienen la intención de llevarles a las urnas. Antes del COVID-19, pocos tenían fe en que sus vidas pudieran cambiar como resultado del trazo de un bolígrafo en una boleta. Sin embargo, el poder de desafiar a las fuerzas que buscan encauzar la revuelta hacia la exigencia de una asamblea constitucional desapareció cuando la multitud abandonó las calles. Solo después de esto es que la primera línea pudiese convertirse en un símbolo, más que en una experiencia.

El otro aspecto del enfoque estatal para lidiar con la primera línea es, por supuesto, la represión. Sin embargo, incluso en esto, deben reconocer el poder y la popularidad de la primera línea. En julio, en lo que quizás fue el punto más bajo de movilización desde el inicio del COVID-19, dos anarquistas de larga data, Mónica Caballero y Francisco Solar, fueron arrestados por cargos relacionados con bombas colocadas en una comisaría de policía, el elegante edificio de una empresa de inversión y las oficinas de un ex ministro del gobierno. Mientras que en el proceso formal, el fiscal enfatizó la naturaleza apolítica del caso, sugiriendo que los dos fueron arrestados por comportamiento criminal en lugar de ideas políticas, los medios completaron el resto de la narrativa que los fiscales no pudieron decir en la corte. Un artículo del 1 de agosto en La Tercera, conocido en todo Santiago como el periódico más cercano a la fiscalía y la policía, dice:

“Para los detectives, Francisco Solar es el más activo de los dos. Es invitado constantemente a eventos anarquistas y participa en la Coordinadora 18 de Octubre (el organismo coordinador para la libertad de los presos de la revuelta del 18 de octubre), aunque categorizan su afinidad política lejos de la de la ‘primera línea’. Fue uno de los encargados de armar cajas de comida para los presos por agresiones a policías durante las manifestaciones, el término ‘primera línea’ no le queda. ‘Tal término también se relaciona con discursos y comportamientos basados en la delegación de tareas dentro de las manifestaciones, que vemos como una amenaza a la horizontalidad que ha caracterizado la revuelta en Chile’, dice una de las últimas ediciones de una revista anarquista de la que se alega Solar participa..”

Por ende—para dividir la revuelta, el medio vocero de la policía está dispuesto a otorgarle a la primera línea una legitimidad provisional, con el propósito de argumentar que los participantes de la primera línea no deben considerar a Francisco un camarada legítimo porque se presume estar involucrado en una revista que quiere mantener la revuelta en relación horizontal. El cinismo de esta maniobra es asombroso.

Es cierto que no todos los alborotadores de la primera línea eran anarquistas. Muchos se identificaron como Mapuche, roto (jerga para lumpenproletariado), niños del sistema estatal de orfanatos, criminales, feministas, inmigrantes, otakus, incluso socialdemócratas. Pero los anarquistas participaron de manera significativa junto a ellos en todas las mayores batallas en la Plaza de la Dignidad: el fin de semana del 18 de octubre de saqueos e incendios, los enfrentamientos en el centro durante la semana de ley marcial, la huelga general del 12 de noviembre, la quema de la iglesia de carabineros, el aniversario de la muerte de Matías Catrileo por la policía, la Navidad y la Víspera de Año Nuevo, sin mencionar los disturbios frente al prestigioso festival de música de Viña Del Mar en la costa.

Es absurdo discutir la primera línea y los anarquistas como sujetos separados. Una vez más, no existe una encuesta independiente o un censo gubernamental que pueda confirmar científicamente la presencia y popularidad de las ideas anarquistas entre quienes lucharon contra la policía de octubre a marzo. Pero el intento de dividir a dos reconocidos ex-presos políticos anarquistas de la primera línea es prueba suficiente de cuánto temen los fiscales y los medios de comunicación a la autonomía, la acción directa y la cooperación —es decir, la anarquía, de la primera línea.

Disturbios por Hambre y Ollas Comunes

De hecho, el estado tiene motivos para temer a la primera línea. La polinización cruzada entre la nueva militancia en las calles y las luchas dispares que abordan la vida y los medios de subsistencia muestra que existen múltiples vías para tomar el control del territorio urbano fuera de las protestas. En los meses de encierro, aquellos consternados por las calles vacías y desinteresados en las reuniones de Zoom sobre la asamblea constitucional se centraron en los esfuerzos de ayuda autónomos. Después de meses sin protestas sustanciales ni actividad pública, surgieron protestas espontáneas de hambre y ollas comunas en todo Santiago en respuesta a la escasez de alimentos y la crisis económica del COVID-19.

La policía desplegó las mismas tácticas de dispersión que utilizó durante el alzamiento, contra las protestas por el hambre y las ollas comunes o comedores comunitarios. La violencia policial contra los esfuerzos de ayuda de la comunidad provocó indignación pública, especialmente un video que muestra a un guanaco (camión blindado con cañón de agua) pasando por encima de una mesa olla común con comida. En respuesta, los carabineros implementaron un sistema de permisos para ollas comunes. Independientemente, la mayoría de las ollas comunes se negaron a obtener permisos y continuaron distribuyendo alimentos sin autorización del gobierno.

https://twitter.com/rvfradiopopular/status/1197589526190985217

Al evadir la vigilancia y el control social, las iniciativas de ayuda autónomas pueden desafiar los límites de territorios y poblaciones abandonados, uniendo bloques sociales dispares y aparentemente incongruentes. Al hacerlo, pueden subvertir las antiguas divisiones entre privilegiados y marginados, entre formales e informales, entre ciudadanos y delincuentes, entre los de primera línea y los confinados en casa, y entre las redes y la organización.

https://twitter.com/ComunOlla/status/1312754344689913856

En mayo, la asamblea libertaria (una asamblea vecinal anarquista libertaria) en Peñalolen fueron invitados a ayudar con una olla común montada en una escuela primaria en un vecindario cercano. Tres personas de la asamblea se presentaron a la escuela con útiles para hacer 300 sopaipillas. Fueron recibidos por tres grupos diferentes que preparaban la comida: la gente de la Coordinadora Violeta Parra (el comité de coordinación Violeta Parra), un grupo de vecinos que se formó para cambiar el nombre de su calle por la cantante folclórica que también distribuye leche a diario a los niños; otro grupo católico que prepara 300 sándwiches semanales; y un grupo de mamás de la escuela con cajas para llevar y llaves del edificio. Mientras freían sopaipillas y empacaban los almuerzos, los participantes chismeaban y explicaban diferentes proyectos del barrio. Si bien cada olla común se centra en su vecindario inmediato, han creado las condiciones para coordinarse entre los vecindarios. Personas de la asamblea libertaria explicaron que se reúnen semanalmente en el Liceo, un centro social anarquista con una imprenta, una biblioteca popular y una panadería industrial. A la hora de cierre de esta olla común, un miembro de la coordinadora preguntó si podían usar la panadería para hacer pan para más ollas comunes. Durante los meses siguientes, los compañeros usaron el Liceo para hacer pan para cinco diferentes ollas comunes en barrios cercanos. En el proceso de coordinación, se reunieron con vendedores ambulantes que donarían sus productos no vendidos a ollas comunes y vecinos con camiones que transportarían suministros.

El conflicto entre las ollas comunes y las instituciones estatales sugiere que es mejor para las instituciones de gobierno que la gente responda a la crisis exigiendo cambios estructurales y denunciando la ineficiencia del gobierno que tomando el asunto en sus propias manos. Estas instituciones pueden incluso incentivar los esfuerzos de socorro autónomos, ya que dependen cada vez más de las iniciativas comunitarias para apoyar las zonas abandonadas producidas por la distribución desigual de los recursos. Sin embargo, se sienten intimidados por las iniciativas de ayuda autónomas que normalizan la evasión y brindan espacio para la conspiración. Para asegurar que las iniciativas autónomas no produzcan una crisis de gobernabilidad, las instituciones estatales imponen formas excepcionales de vigilancia y control social con el fin de delimitar el alcance, el potencial y la función del socorro autónomo y la acción comunitaria.

El Movimiento por la Dignidad versus el Movimiento por una Nueva Constitución

Si bien se acerca rápidamente el primer aniversario de la revuelta chilena, no estamos seguros de lo que depara el futuro en Santiago. Hemos visto el discurso en torno a este movimiento pasar de un movimiento por la Dignidad a un movimiento contra la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. El 25 de octubre, una semana después del aniversario de la revuelta chilena, los chilenos votarán en un referéndum nacional para decidir si celebrar una convención para reescribir la constitución heredada de Pinochet. La izquierda institucional se apresura a culpar de los males de la sociedad a la constitución actual; es una forma de desviar la atención de cómo los arreglos institucionales entre la dictadura y su oposición crearon esta situación.

El último plebiscito tuvo lugar hace 30 años, cuando los chilenos decidieron derrocar a Pinochet. Aunque la izquierda aclama ese referéndum como el medio por el cual Pinochet fue expulsado del poder, en realidad, las negociaciones que llevaron al referéndum solo fueron posibles porque los disturbios generalizados contra la dictadura a lo largo de la década de 1980 desestabilizaron al régimen de Pinochet. La élite democrática emergente creó las contradicciones que enfrentamos hoy cuando suplantaron a los miles que lucharon valientemente contra el ejército y la policía en las calles para convertirse en los líderes designados de la oposición de Pinochet.

En consecuencia, nuestro conflicto actual enfrenta a la nueva comunidad en rebeldia tanto contra el estado como contra su oposición institucional. Esta lucha determinará si la revuelta chilena se tratará de vivir la vida con dignidad o de perpetuar los arreglos institucionales que nos alejan de nuestras experiencias, nuestras historias y entre nosotros. A pesar de las formas en que la suspensión de las protestas ha vuelto invisible a la comunidad rebelde, vemos su presencia en todas partes. Los más feroces disturbios los hemos visto durante la cuarentena en los días que conmemoran a las víctimas de la dictadura militar: el 29 de marzo, Día de la juventud combativa y el 11 de septiembre, aniversario del golpe de Estado. En estos días estar en la calle no se trata de hacer demandas, sino de estar presente con los vecinos para honrar a los muertos y enfrentar a las instituciones responsables de sus muertes. Los movimientos en las calles tienen un papel más importante que simplemente “proteger las marchas callejeras” o presionar a cualquier funcionario público que atraviese las puertas giratorias del gobierno estatal. Sirven para crear las condiciones para que arraiguen otras ideas, para que arraiguen otras posibilidades.

Desde que terminó la cuarentena de Santiago en agosto, hemos visto cómo la vida regresa a las calles de la ciudad y los de las primeras líneas regresan a Plaza Dignidad. No se planearon marchas ni se anunciaron manifestaciones. En cambio, la gente comenzó a congregarse en la plaza todos los viernes, como antes. Al principio, un aumento de la presencia policial y nuevo equipo antidisturbios impidió que estas congregaciones de un centenar tomaran la plaza. Más bien, las protestas del viernes han sido juegos del gato y el ratón entre manifestantes y policías que circulan por la plaza y sus barrios y parques adyacentes. Sin embargo, el viernes 2 de octubre, un oficial de policía fue filmado en video empujando a un niño de 16 años desde el puente Pionono hacia el río Mapocho, notoriamente contaminado. El gas lacrimógeno y los cañones de agua retrasaron al equipo de rescatistas y médicos de la calle para que no llegaran al niño herido que yacía boca abajo en el río. Al día siguiente, la plaza se llenó de multitudes indignadas y la gente agitó banderas sobre la icónica estatua en el medio de Plaza Dignidad.

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“En los meses de cuarentena, la municipalidd limpió los grafitis de los monumentos, reparó las aceras e instaló nuevos semáforos y cámaras. Al final, esto sirvio como un nuevo lienzo para pintas, cemento para arrojar a la policía y material para las barricadas. Nunca había visto tanta gente en Plaza Dignidad desde antes de la pandemia. Los vendedores ambulantes habían vuelto, vendiendo banderas, máscaras, cerveza y sopaipillas. No creo que la policía estuviera preparada para esta gran multitud. La primera línea logró derribar partes de las barricadas alrededor del monumento a los carabineros y arrojar piedras a la línea policial cercana. Varias bandas de música encabezaron procesiones que zigzaguearon entre la multitud y los faroles que caían. Pero probablemente la parte más especial de ese día fue encontrarse con todos los amigos y vecinos que no he visto desde que comenzó la pandemia. Finalmente, un muro de guanacos policíales [camiones con cañones de agua] y zorrillos [camiones de gas lacrimógeno] dispersó a la multitud.”

“Terminé encontrándome con algunos vecinos en el camino de regreso a nuestro vecindario y pasamos el rato junto al punto de encuentro de los rescatistas [equipo médico callejero] mientras los rescatistas regresaban de la protesta. Habían coordinado un sistema completo de rescate en la calle como lo hicieron antes de la pandemia, saliendo en cuadrillas al frente con chalecos antibalas, escudos y radios para coordinar con el despachador, con enfermera/os y médicos en el punto de encuentro. Cuando nos enteramos de que un rescatista estaba celebrando su cumpleaños, terminamos bebiendo en la calle con ellos hasta que un vecino delator hizo una denuncia por ruido.”

-Cristian, testigo ocular

Mientras la gente reclamaba la plaza, los vecinos realizaron pequeños eventos al aire libre para aprovechar el primer sábado después de la cuarentena. Un grupo de vecinos de Chuchunco organizó una fiesta al aire libre para celebrar un nuevo mural que pintaron en su edificio de apartamentos. Bandas de punk locales, cantantes folclóricos y raperos actuaron en un escenario frente al mural, iluminado por un proyector que reproduce un rollo de imágenes de disturbios del año pasado. Mientras las familias escuchaban la música, notamos que una pequeña barricada se incendiaba en la calle principal de la cuadra. Treinta minutos después, encapuchados (manifestantes enmascarados) empezaron a sacar neumáticos viejos a la carretera y encendieron barricadas a cada lado de la intersección. Las familias comenzaron a salir de sus casas para pararse junto a las barricadas. A medida que avanzaba la noche, no llegó ningún policía para dispersar a la multitud; los niños continuaron jugando al pillarse en la intersección con barricadas.

A medida que movimientos explotan en todo el mundo, gobiernos han afirmado que detrás de estas explosiones populares hay redes internacionales oscuras. En respuesta a protestas en Colombia, el gobierno ya ha afirmado que un “nexo anarquista internacional” ha provocado que los alzamientos tanto en Colombia como en Chile alimenten su ideología anti-policial (supuestamente, algo como el efecto de que “todos los policías son bastardos”). Como señaló el colectivo de extrabajadores, el tropo del “agitador externo” es un discurso antiguo utilizado para deslegitimar los movimientos. En vista del descontento global masivo, parece que los críticos pronto se quedarán cortos de forasteros a los que culpar de la agitación. Sin embargo, la izquierda institucional y las organizaciones sociales reformistas han tenido al menos el mismo éxito que las autoridades en utilizar la narrativa del “agitador externo” para deslegitimar los disturbios de los que buscan sacar provecho.

La narrativa del “agitador externo” no ha logrado afianzarse aquí en Chile porque los de las primeras líneas son parte de una nueva y amplia comunidad en rebeldía. Esta narrativa solo puede atraer a quienes se han alejado de las revueltas y a quienes buscan difundir mitos sobre cómo funcionan los movimientos. Alegan que las victorias del pasado las debemos a las protestas sociales, cuando sabemos por experiencia propia que las protestas sociales siempre vienen después de las noches de saqueos e incendios.

Conclusión

La ola global de rebeliones del 2019 a 2020 ha revelado una comunidad de práctica compartida. Este bricolaje de revueltas constituye un levantamiento global que rompe con los modelos políticos existentes. La situación en Santiago difiere de otros contextos en algunos aspectos; por ejemplo, la racialización de la distribución de recursos y la violencia estatal que prevalece en Estados Unidos no tiene un análogo inmediato en Chile. Sin embargo, la violencia estatal y los ciclos intergeneracionales de pobreza endémicos de la periferia de Santiago son bastante familiares.

Este pasado año en Chile ha confirmado que una lucha por disputar territorios se vuelve ingobernable cuando los participantes dejan de asumir que la democracia liberal puede resolver la crisis. Ninguna asamblea constitucional o tímidas reformas podría salvarnos del colapso ecológico que se está gestando, ni ningún funcionario del gobierno podría concedernos una vida digna. La participación en esta ola de revueltas está produciendo el entendimiento de que no existe un modelo de gobernanza en la práctica en ningún lugar del mundo que pueda ofrecer una solución a la violencia estructural y la alienación que enfrentamos. Al principio, mucha gente salió a la calle por rabia contra la violencia policial o por sentimientos de impotencia y desesperación. Pero optamos por regresar porque descubrimos que vivir una vida digna y crear un futuro digno requiere trabajar juntos para ponerle un alto al estado normal de las cosas. En estos momentos juntos, experimentamos nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos y los territorios que habitamos.

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Se han modificado algunos nombres y lugares para proteger las identidades de los participantes.